
El 29 de septiembre se celebraron las jornadas «Actualízate 2020» dirigidas por la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) y el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
No podéis imaginar mi entusiasmo al conocer que en esta ocasión el título de las jornadas era «Perfiles profesionales con futuro» y que la primera sesión trataba «El documentalista en el campo del Derecho«. Los intervinientes fueron Elisa Prieto (Knowledge Manager en Elzaburu) y David Seguí (Dirección de Conocimiento, Inteligencia Legal y de Negocio en Broseta), siendo el moderador Luis Fernando Ramos Simón (Catedrático de Biblioteconomía y Documentación en la UCM).
Evidentemente la primera pregunta fue obvia: ¿es necesario tener estudios en Derecho para poder ejercer la profesión? Ambos profesionales hicieron hincapié en que habían estudiado las antiguas Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, y Licenciatura en Documentación; pero que una vez habían empezado a trabajar en sus respectivos despachos de abogados, se fueron especializando en las áreas del Derecho de los negociados de dichos despachos a través de cursos de formación externa e interna.
Posteriormente, Elisa afirmó que la profesionalización del documentalista jurídico en España fue introducida por influencia anglosajona tras el asentamiento de bufetes británicos y estadounidenses en nuestro país. Además, diferenció entre documentalista y professional support lawyer (PSL). Este último es un abogado adscrito a labores de documentación que, debido a sus conocimientos, analiza textos jurídicos y casos prácticos. La colaboración entre ambos perfiles configura los mejores departamentos de gestión del conocimiento, los cuales cooperan con otros, como por ejemplo, marketing e IT para el desarrollo de proyectos y negocios.
David y Elisa expusieron que las tareas básicas que suelen desarrollar los departamentos de gestión del conocimiento son:
- Gestión documental del archivo físico y electrónico.
- Búsquedas de documentación jurídica a través de fuentes de información fiable para el análisis de los casos.
- Alertas de seguimiento de información de actualidad de interés para el despacho.
- Gestión del plan de formación externa e interna de los usuarios.
- Gestión del conocimiento interno (know-how).
Todo ello conlleva no solo extraer información, sino cómo presentarla de una manera simple y atractiva al usuario. A su vez, implica la elaboración de presupuestos, métricas, tesauros e informes.
La última pregunta del bloque sobre el análisis del perfil del documentalista jurídico vislumbró la ausencia de una carrera profesional para el documentalista jurídico y que los aumentos salariales suelen depender del grado de implicación y valoración del profesional en la firma. No obstante, afirmaron que no se suele contratar empresas de gestión de la información externas para el desarrollo de las tareas básicas, los documentalistas son contratados directamente por la compañía y forman parte de la plantilla.
Durante la conversación, Fernando quiso saber cómo había afectado la pandemia al desempeño del trabajo diario del profesional de la información. Elisa afirmó que la carga de trabajo había sido estresante por la infoxicación e impulso a la formación online del usuario para que aprendiera a manejar nuevas plataformas digitales sin dejar de hacer sus tareas habituales.
Más tarde, el moderador se interesó por la adquisición y usabilidad de libros y revistas. Elisa confirmó que la mayoría de las editoriales jurídicas publican en ambos formatos (papel y digital) desde hace tiempo. Sin embargo, expuso las quejas constantes que siempre se comentan en el sector:
- Las plataformas jurídicas de e-books son sistemas cerrados que no permiten el manejo integral de la monografía por parte del usuario.
- La imposibilidad de la integración de los e-books en el propio catálogo bibliográfico del despacho.
- Las editoriales jurídicas solo piensan en el abogado individual, rechazando la posible colaboración con otras editoriales. Ello perjudica tanto al documentalista como al abogado de un despacho porque le obliga a hacer las mismas búsquedas en distintas fuentes.
- La rigidez de las licencias de uso. Un libro en papel lo puede utilizar cualquier usuario en la Biblioteca, no es necesario tener una licencia por casa usuario. Este sistema se podría extrapolar a los e-books.
También se trataron las fuentes de información open source, destacando, a nivel nacional, el esfuerzo que había realizado la Administración para la evolución del Boletín Oficial de Estado (BOE); en contraposición con el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), al que aun le falta mucho para igualarse a las bases de datos jurisprudenciales alemanas o anglosajonas. Desde un punto de vista doctrinal, se alabó el trabajo de las universidades por la publicación de los artículos escritos por sus profesores y catedráticos en sus repositorios bibliográficos.
Por último, Elisa y David aconsejaron que los nuevos perfiles de profesionales de la información en el ámbito jurídico deberían tener en cuenta:
- Formación digital.
- Evolución de la gestión de datos: clasificación, tesauros, etc.
- Elaboración de informes y presupuestos.
- Colaboración con equipos multidisciplinares.
- Curiosidad por saber cómo funciona el despacho donde van a trabajar.
Desde mi punto de vista, la sesión estuvo interesante, aunque eché en falta el dinamismo característico de las jornadas físicas. Tiene que ser difícil generar debate cuando no ves al resto de participantes ni al público, pero es lo que nos ha tocado vivir en 2020. Quizá una solución hubiera sido que el formato hubiera permitido realizar preguntas de los oyentes. No obstante, ambos documentalistas hicieron hincapié en aquellos aspectos más relevantes de la profesión, lanzando alguna perla al mundo editorial y a la Administración de Justicia.
Muchas gracias a SEDIC y UCM por dar a conocer el perfil del documentalista jurídico y considerarlo una profesión de futuro, y a Elisa Prieto y David Seguí por enseñar sus entresijos.