¡Buen verano a todos!

Durante estos siete primeros meses del año me han ocurrido muchas cosas positivas en mi vida personal y profesional. El crecimiento imparable del numero de visitas de este blog y la suscripción de nuevos seguidores son dos de ellas. Por ello, os sigo estando muy agradecido a todos aquellos que me habéis dedicado unos minutos para leerme y a los que me habéis recomendado y reposteado.

Aquellos que me seguís con frecuencia, habréis visto que no he publicado nada en junio y julio. No os preocupéis, no tengo la intención de abandonarlo, solo que el mantenimiento de un blog consume mucho tiempo, por lo que es muy difícil su compatibilidad con cualquier otro tipo de proyecto. Así que… en septiembre os presentaré ese proyecto que me ha tenido ocupado estos dos meses, creo que ha merecido la pena.

No obstante, antes de irme de vacaciones, quería ser fiel a esta tradición que he implantado para deciros «¡Hasta pronto!«; y os prometo buscar nuevos temas, analizarlos y escribir sobre ellos. ¡Nos vemos en septiembre!

Os deseo a todos que paséis un buen verano.

Un reconocimiento a la Fundación Biblioteca Social

Hace algunos años que soy amigo de la Fundación Biblioteca Social, una institución sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es colaborar con los colectivos más vulnerables para compensar los desequilibrios sociales.

La Fundación se apoya en dos conceptos que la identifican: bibliotecas públicas y compromiso social. La interrelación de ambos términos pretende evidenciar el esfuerzo que realizan nuestras bibliotecas públicas, como símbolo del conocimiento, para adaptarse a la función de cohesión social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como fomentar el crecimiento económico del país.

Me parece importante reseñar que esta entidad solo se financia por aportaciones privadas. No acepta subvenciones de las Administraciones públicas, porque considera que esa contribución debe materializarse en las propias bibliotecas públicas, al ser los máximos responsables del apoyo y difusión de sus proyectos.

Entrando en faena, entre las actividades que realizan, destaca su premio anual «Biblioteca pública y compromiso social». Esta distinción pretende impulsar y dar visibilidad a los proyectos de las bibliotecas públicas, dirigidos a colectivos de su entorno que vivan situaciones de vulnerabilidad y conflicto social con el objetivo de cooperar para paliar los desequilibrios sociales. Los doce proyectos galardonados hasta la fecha han sido:

• 2014. Teixint una xarxa d´oportunitats de la Biblioteca Pública Bon Pastor (Barcelona).
• 2014. Facilitando lectura: integrando lectores de la Biblioteca Pública Menéndez Pelayo (Castropol, Asturias).
• 2015. Cuanto cuenta Cambados de la Biblioteca Municipal Luís Rei (Cambados, Pontevedra).
• 2015. Juzbado, libro abierto de la Biblioteca Municipal de Juzbado (Salamanca).
• 2016. La lectura que da vida de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Madrid).
• 2016. Nosotros te leemos de la la Biblioteca Municipal de Lorca (Murcia).
• 2017. Biblioteca de acogida de la Biblioteca Pública Municipal Gustavo Villapalos (Purchena, Almería).
• 2017. Aixopluga´t de la Biblioteca Comarcal de Blanes (Girona).
• 2018. Biblioteca fácil de la Xarxa Municipal de Biblioteques Públiques de Llíria (Valencia).
• 2018. Déjame que te cuente de la Red de Bibliotecas Municipales de Huesca.
• 2019. Te haré de la vida un cuento de la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo (Soto del Real, Madrid).
• 2019. Más allá de los libros, más allá de las fronteras de la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar (Madrid).

Me siento muy honrado de poder contribuir con mi aportación al desarrollo de la Fundación Biblioteca Social. En 2020 no pudo convocar su premio anual por la Covid-19, pero sí ha querido hacernos saber que siguen adelante con el vídeo Las bibliotecas que no cesan, en donde recogen proyectos y actuaciones que han llevado a cabo las doce bibliotecas premiadas para los colectivos vulnerables durante la pandemia. Y como dice la presidenta del patronato Adela d’Alòs-Moner: «Si la Covid no ha parado, las bibliotecas tampoco«.

Este post es un pequeño homenaje a la actuación de la Fundación Biblioteca Social y de todos los bibliotecarios y trabajadores de las bibliotecas públicas que en estos tiempos de pandemia se han sabido adaptar a las necesidades de sus usuarios, especialmente a los colectivos más desfavorecidos, externalizando sus actividades más allá del edificio de la biblioteca para seguir dando sus servicios a los ciudadanos. ¡Muchas gracias!

¿Harto de tener que revisar la web del Ministerio de Hacienda para ver qué se cuece? Créate una alerta

Una de las tareas rutinarias de un centro de documentación jurídica es hacer seguimiento de las nuevas publicaciones de los Ministerios, sobre todo de los apartados de «Normas en tramitación«. En una ocasión anterior, os hablé de crearos cuentas en la red social Twitter para estar al día de la información institucional (ver aquí). Sin embargo, las novedades que se tuitean en el ámbito normativo solo recogen aquello que aprueba el Consejo de Ministros. 

Es por ello que el Ministerio de Hacienda ha decidido implantar un servicio de alertas vía email y SMS para mantener al ciudadano informado sobre las actividades que desarrolla, entre las que destaca la sección que he citado antes: «Normas en tramitación». A su vez, dicho servicio personalizado permite recibir avisos de publicaciones de nuevos contenidos sobre otras secciones:

Estoy intrigado en saber en qué consisten las novedades sobre los informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCA), las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), la Dirección General de Tributos Impuestos (DGT) y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Estos Organismos producen ingentes cantidades de informes, consultas y resoluciones por lo que no sé realmente la efectividad del servicio si no puedo filtrar por aquello que me resulta interesante.

Dicho lo cual, felicito al Ministerio de Hacienda por su iniciativa en el desarrollo de este proyecto que puede ser de mucha utilidad para profesionales y la ciudadanía en general. Otros Ministerios con alertas similares son:

Los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social también tienen un servicio similar al Ministerio anterior, permitiendo al ciudadano suscribirse a distintas listas de distribución, entre las que destaca: Participación Pública en Proyectos Normativos. No obstante, en el momento de redactar este post, no conseguí suscribirme porque no recibí el email de confirmación, espero recibirlo en las próximas 24 horas.

El Ministerio de Justicia permite suscribirse a su newsletter personalizada para recibir avisos de publicaciones de nuevos contenidos sobre las secciones: Gabinete de comunicación, Actividad legislativa, Publicaciones y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. Sin embargo, en el momento de redactar este post, solo funcionaban las dos últimas opciones, espero que solucionen la incidencia lo antes posible.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital solo ha desarrollado una newsletter genérica. Sinceramente, siendo la institución encargada de la transformación digital nacional, esperaba algo más de sus servicios de alerta.

Como habréis podido deducir mientras leíais el post, he ido desmotivándome según iba revisando cada Ministerio y comprobando que, o bien no tienen ningún servicio similar o el que tienen es excesivamente simple o no funciona correctamente. Las webs de los Ministerios son espacios cambiantes y mucha de la información que contienen no es fácil de localizar, por lo que este tipo de alertas podrían mejorar la publicidad y la transparencia de la Administración Pública. El resto de ministerios debería seguir el ejemplo de Hacienda.

XXII JGI SEDIC: Fundamentos de la inteligencia artificial

Este miércoles se celebraron las XXII Jornadas de Gestión de Información (JGI) de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC). Si no pudisteis asistir, en este post os haré un breve resumen de la primera sesión titulada «Fundamentos de la inteligencia artificial» que, a mi parecer, fue la más atractiva.

La SEDIC ha decidido apostar este año por uno de los temas candentes del momento, como ya hizo antes de la pandemia la Biblioteca Técnica del Ayuntamiento de Madrid en la IV Jornada Profesional de Bibliotecas Jurídicas de Madrid (ver post anterior). Ahora cobra mayor relevancia tras la publicación de la Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending certain union legislative acts (Artificial intelligence Act) por parte de la Comisión Europea el 21 de abril.

Aunque todas las ponencias de la primera sesión fueron interesantes, me gustaría destacar las tres primeras: Santiago Sánchez-Migallón abrió el melón con la «Ética de la inteligencia artificial«, que enunció el problema fundamental de las redes neuronales artificiales (conjunto de unidades conectadas entre sí para transmitirse señales con el fin de producir valor una vez la información se somete a diversas operaciones): los sesgos. Estos se producen como consecuencia de datos incompletos o de mala calidad, o por la distorsión de los resultados derivados de otorgar relevancia a determinados tipos de datos. Además, dichas redes neuronales tienen como característica la búsqueda de patrones, pero ello puede generar correlaciones espurias o absurdas que también impiden el correcto funcionamiento del sistema.

A modo de ejemplo, el ponente habló, entre otros, de Compas, el algoritmo que calcula la probabilidad de que alguien cometa otro delito y sugiere qué tipo de supervisión debería recibir un condenado en prisión (ver mi reciente post sobre la justicia predictiva). También comentó el Estudio de Jonathan Levay en 2011 (BBC News, 24 de julio de 2019) en el que demostró que los jueces estadounidenses eran más indulgentes tras comer.

Antes de finalizar, Sánchez-Migallón presentó como soluciones:

• La creación de redes ciegas carentes de rasgos controvertidos, pero advirtió que, además de la pérdida de efectividad, la propia red sería capaz de reconocer dichos rasgos a través de datos secundarios.
• El contrasesgo de la red, pero ello no sería rentable económicamente para la empresa. Además la ejecución de dicho contrasesgo dependería del concepto de justicia y/o equidad del propio programador o la sociedad financiadora, degenerando a una cuestión de ideología política.

A continuación, Adaya María Esteban Ruiz analizó brevemente la Propuesta de Reglamento europeo en su ponencia «Aspectos legales de la inteligencia artificial«. La abogada comenzó con la definición legal de inteligencia artificial (IA), que actualmente la Unión Europea centraliza en el software. Los cuatro conceptos jurídicos en los que se fundamenta la Propuesta son: la ética, la protección de datos, la propiedad intelectual e industrial, y la responsabilidad y seguridad.

La ponente hizo hincapié en los siguientes aspectos regulatorios:

• Ámbito de aplicación subjetivo y territorial:
  • Obligaciones estrictas a los actores de la cadena de valor de la IA.
  • Aplicación extra-territorial para proveedores y usuarios tanto si se ubica en la Unión Europea como en un tercer país pero es creado para ser usado aquí.
• Prácticas prohibidas: Técnicas subliminales de manipulación, extrapolación de grupos específicos de personas, evaluación o clasificación de personas y sistemas de identificación biométricos remotos en tiempo real.
• Obligaciones específicas de IAs de alto riesgo:
  • Tendrán esta consideración los sistemas de identificación, categorización biométrica, gestión de infraestructuras críticas, selección de personal, cumplimiento de la ley, evaluación crediticia…
  • Estos sistemas serán ser evaluados toda la vida de la IA (data governance and transparency).
  • Obligaciones específicas a cada operador.
  • Test de conformidad de la IA para ver su ética y confianza (trusthworthy).
• Sanciones
• Base de datos que recojan las IAs, etc.

Por último, me gustaría hablaros de la ponencia «Breve visión general de la inteligencia artificial» de Óscar Cordón, en donde evidenció que nos encontramos ante un «cambio de época basada en sistemas inteligentes y máquinas«.

Argumentó su exposición en la IA explicable, métodos y técnicas de AI, cuyos resultados pueden ser entendidos por humanos expertos; en contraposición con la blackbox o aprendizaje automático. Este opción debe estar fundamentada en los conceptos de justicia, rendición de cuentas, transparencia, ética y la involucración del ser humano en su diseño.

Además, comentó la necesidad de abrir los planes de estudios y la creación de un Grado en Informática (IA) y Documentación. En mi opinión, una idea muy acertada que haría evolucionar a la profesión.

A modo de conclusión, el tema de la XXII JGI SEDIC ha sido un acierto. Escuchar a expertos hablar de problemas y soluciones en materia inteligencia artificial, así como su aplicabilidad en el campo de la Documentación, ha sido muy interesante. ¡Enhorabuena SEDIC!

Visión académica de los cuarenta años de estudios universitarios en Biblioteconomía y Documentación en España

Hace un par de semanas localicé en la revista Profesional de la información el artículo Biblioteconomía y Documentación en España: balance de 40 años de estudios universitarios*. Me pareció interesante leer un estudio sobre el punto de vista de nuestros cátedros sobre la evolución de la carrera. Aquellos que me seguís, sabéis que soy un defensor de la profesión, pero creo en la versatilidad y capacidad de adaptación de las ciencias de la Documentación a cualquier otra especialidad (ver post anterior).

La metodología del trabajo establece que su análisis se compone de las opiniones y valoraciones del profesorado con experiencia en dirección en centros que imparten titulaciones de Biblioteconomía y Documentación. Una vez asimilada la información, se extraen las siguientes conclusiones de estos primeros cuarenta años, a las que he añadido mi punto de vista:

1. El profesorado ha tenido que constituir, desarrollar y gestionar las titulaciones y departamentos de manera autodidacta, y a menudo ha derivado en un continuismo y una titulitis.
2. Las direcciones departamentales han tenido como principal reto la creación, difusión y sostenibilidad de las titulaciones. La licenciatura se consideró el mayor logro en el mundo académico.
3. Tras la configuración de las titulaciones, grupos de investigación, doctorados y departamentos universitarios; el principal reto ha sido la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
4. La bibliometría (la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica) ha sido el principal éxito en el campo de la investigación de la Biblioteconomía y Documentación.
5. La principal decepción ha sido el descenso de matriculaciones en los estudios, consecuencia de la falta de visibilidad académica y profesional, así como su estancamiento en los principios configuradores de la especialidad que impidieron ver desde el primer momento el potencial del cambio tecnológico.
6. La Biblioteconomía y Documentación ha tenido una estrecha colaboración con la informática, la comunicación y las ciencias historiográficas. Ello implica que los egresados vean como principales salidas profesionales la documentación audiovisual o el ingreso en la Administración Pública. No se ha apostado por áreas candentes como la lingüística computacional, la gestión y administración de empresas, las ingenierías, la sanidad o el derecho, entre otras.

A su vez, también es relevante conocer la valoración del profesorado sobre la situación actual:

1. La investigación y el trabajo en bibliotecas es percibida como favorable o muy favorable por la mitad de las respuestas, mientras que la educación o la profesión decae al 25%.
2. Las oportunidades educativas en Biblioteconomía y Documentación con mayor consenso se basan en ofrecer una nueva orientación en nuevos contenidos y temáticas, así como centrarse en los posgrados. Otros opinan ofrecer grados de tres años y el cambio de nombre de la titulación.
3. Existen tres amenazas destacadas: la pérdida de estudiantes, la falta de conocimiento para transmitir el valor de la disciplina a la sociedad y la redefinición del perfil. Entiendo perfectamente lo difícil que es abordar estos temas y alcanzar un consenso, pero insisto en la necesidad de virar el enfoque del bibliotecario/archivero/documentalista a la empresa privada, sin descartar la opción de la Administración Pública. Seguro que si se hiciera una encuesta sobre perfiles profesionales vinculados al sector público, aparecería bibliotecario y archivero, pero no médico o abogado, eso da que pensar.
4. Las prioridades más consensuadas pasan por adaptar los contenidos de los títulos actuales para ajustarlos mejor a las necesidades, apostar por la apertura a proyectos europeos (a nivel de investigación) y asumir el cambio tecnológico. Estoy completamente de acuerdo con dichas prioridades. La Universidad Carlos III de Madrid se atrevió a dar este paso con el Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales, adelantándose a las demás instituciones. Esperemos que en un breve periodo de tiempo nos muestre si este nuevo enfoque está teniendo éxito.
5. Por último, un 40% de los encuestados se plantea la pérdida de la independencia en la disciplina a corto/medio plazo. La Documentación es una ciencia vehicular y transversal, que nos permite especializarnos en cualquier ámbito. No creo que seamos absorbidos por otra ciencia, pero sí debemos crear colaboraciones que permitan formar perfiles profesionales especializados.

Este estudio resalta que el mundo académico tiene la intención de seguir avanzado y que las ciencias de la Documentación evolucionen para una mejor adaptación al mundo profesional actual. No debemos olvidar nuestra esencia, pero sí mirar al futuro. Espero que en breve los autores de la investigación decidan hacer otro estudio encuestando a los profesionales para poder hacer una valoración completa del ayer/hoy/mañana de la Biblioteconomía y Documentación. Si necesitan mi colaboración, aquí estaré. ¡Suerte!

* Adabal, E., Ollé, C. y López-Borrull, A. (2021). Biblioteconomía y Documentación en España: balance de 40 años de estudios universitarios. Profesional de la información, Vol. 30 (N. 2). https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/85574

La Biblioteca Jurídica Digital del BOE crece: revistas de la Administración Pública

El mes de marzo ha sido un carrusel de emociones que me ha hecho posponer escribir nuevos post en el blog. Sin embargo, el mundo de la Documentación jurídica no se para y, tanto es así, que la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE) ha añadido el nuevo apartado «Revistas de Administración Pública» en la sección Biblioteca Jurídica Digital.

En un antiguo post os hablé sobre el proyecto «Biblioteca Jurídica Digital», pero en esta ocasión ha decidido incorporar el apartado «Revistas de Administración Pública», un directorio que ofrece las principales publicaciones periódicas autonómicas, estatales e internacionales en Derecho administrativo y sectores regulados.

Este repositorio ofrece enlaces a las revistas más importantes publicadas en castellano, inglés, francés, alemán e italiano, destacadas por su calidad en el análisis y estudio de esta materia. El BOE se compromete a revisar esta sección periódicamente para garantizar su actualización y enriquecimiento, aunque reconoce que las editoriales son las responsables del contenido y las condiciones de acceso a las mismas.

A continuación os facilito el listado de revistas estatales que a mi parecer son más relevantes:

• Revista de Administración Pública. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (1950-)
• Documentación administrativa. Instituto Nacional de Administración Pública (1958-)
• Gestión y análisis de políticas públicas. Instituto Nacional de Administración Pública (1994-)
• Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica (antiguamente se denominaba «Revista de Estudios de la Vida Local»). Instituto Nacional de Administración Pública (1942-)
• Cuadernos de Derecho público. Instituto Nacional de Administración Pública (1997-2009)
• Revista de estudios políticos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (1941-)
• Derecho privado y Constitución. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (1993-)
• Revista española de Derecho constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (1981-)
• Revista de Derecho comunitario europeo. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (1997-)

Además, os incluyo el listado de revistas autonómicas:

• Revista andaluza de Administración Pública. Junta de Andalucía (2003-)
• Revista aragonesa de Administración Pública. Gobierno de Aragón (2008-)
• Revista catalana de Dret public. Escola d’Administració Pública de Catalunya (1985-) 
• Revista galega de Administración Pública. Xunta de Galicia (1992-)
• Revista vasca de Administración Pública. Instituto Vasco de Administración Pública (1981-)

Por último, el BOE también ha añadido revistas universitarias:

• Cuadernos de Gobierno y Administración Pública. Universidad Complutense de Madrid (2004-)
• Revista Derecho político. Universidad Nacional de Educación a Distancia (1978-)

Me agrada saber que el proyecto «Biblioteca Jurídica Digital» sigue evolucionando y que no solo añade nuevas monografías, códigos o publicaciones periódicas a los apartados ya creados; sino que apuesta por la investigación en el ámbito de la Documentación jurídica con el propósito de facilitar el conocimiento y difusión de recursos bibliográficos. Si quieren una sugerencia, la próxima vez, pueden hacer un directorio que recopile las revistas que publican los ministerios e instituciones vinculadas.

The evolving role of the library and library staff, una charla que evidencia que no somos tan distintos

El miércoles 24 de febrero fui oyente de la mesa redonda virtual «The Evolving Role of the Library And Library Staff«, incluida en las sesiones «Future Ready Lawyer» que organiza Wolters Kluwer (EEUU) para publicitar y difundir su informe con el mismo título. Siempre me ha parecido interesante conocer qué recursos están utilizando, o qué protocolos/políticas están poniendo en práctica nuestros colegas estadounidenses. Al fin y al cabo, todo lo que comienza allí, nos acaba llegando en algún momento. Además, la American Association of Law Libraries (AALL) permite el intercambio de información entre los profesionales del sector, facilitando la puesta en marcha de iniciativas punteras gracias a dicha comunicación.

Sin embargo, cuando escuché a los ponentes Ronald E. Wheeler, Jr. (Fineman & Pappas Law Libraries, Boston University), Jean P. O’Grady (DLA Piper US) y Steven A. Lastres (Debevoise & Plimpto) descubrí que casi no hay diferencia. Las Bibliotecas dentro de los despachos estamos desarrollando las mismas políticas de gestión para la implementación tecnológica, así como la formación para que los nuevos recursos puedan ser utilizados por los usuarios. A continuación os haré un breve resumen de cómo transcurrió la mesa redonda y así lo podréis comprobar.

Tras una breve introducción sobre los puntos más relevantes del informe, la primera pregunta versó sobre el papel de la Biblioteca y su personal para colaborar en la difusión de recursos tecnológicos y su evolución. Dos de los ponentes estuvieron de acuerdo al afirmar que sus departamentos son los encargados de gestionar los cursos de formación de los recursos tecnológicos. No obstante, su labor comenzaba conociendo el mercado y las posibilidades que mejor se adaptarían a sus necesidades, por lo que son intermediarios entre los proveedores y sus usuarios. Wheeler Jr. añadió que la divulgación de dichos recursos reducen la brecha que existe actualmente entre el estudiante de Derecho y el abogado junior que se incorpora a un despacho de abogados.

La segunda cuestión trató sobre la interacción de la Biblioteca con el resto de departamentos. O’Grady y Lastres volvieron a coincidir al decir que, todos los departamentos están interconectados para mejorar la cooperación por el bien de sus despachos. Actualmente han enfocado sus sinergias en el análisis del negocio, consiguiendo que, un abogado especializado en un materia esté al día en materia legislativa, jurisprudencial y doctrinal, y además, conozca las novedades del mercado, así como las tendencias del negocio de su área de práctica. Ello le permite tomar decisiones legales acertadas adaptadas al negocio del cliente.

La siguiente pregunta era evidente por los tiempos en los que vivimos, cómo había sido la transición de biblioteca física a digital por la Covid-19. O’Grady expuso que su despacho no había sufrido ningún impacto por la pandemia, ya que años atrás se digitalizó la Biblioteca para que cualquier abogado pudiera acceder en remoto a la mayoría de los recursos. Sin embargo, añadió que varios de sus usuarios sí habían experimentado un cambio brusco, ya que no habían utilizado anteriormente los recursos electrónicos porque no les había hecho falta o porque delegaban esas tareas. En consecuencia la solicitud de contraseñas había aumentado desde la pandemia.

En el otro extremo, Wheeler Jr. afirmó que sí se ha notado el impacto en el mundo académico ya que, en muchos casos, los estudiantes no tenían el equipo necesario para acceder a las clases virtuales y utilizar los recursos digitales, por ello la Universidad tuvo que involucrarse para eliminar las desigualdades.

A continuación, se comentó cómo se había gestionado la formación de las nuevas incorporaciones. Lastres insistió en la apuesta por la especialización por área de práctica. Los usuarios deben de ser capaces de usar las herramientas que le van a ser útiles en el desempeño de su profesión, por lo que no solo les deben formar en las bases de datos genéricas. Además, en el ámbito de la formación, la Biblioteca se apoya en los cursos que ofrecen los proveedores para abarcar más campos del conocimiento. O’Grady quiso añadir que la Biblioteca ofrece los medios para la formación, pero que el aprendizaje continuo es responsabilidad del asociado.

Una de las últimas preguntas fue sobre la comercialización de las herramientas de análisis y representación de datos. Todos estuvieron de acuerdo en que los comerciales deben conocer este tipo de productos antes de ofertarlos, porque la mayoría de ellos desconocían muchas de las características y por ende las limitaciones que ofrecían. En un principio comenzaron a comercializarlas como «predictivas», pero luego se dieron cuenta que realmente no podían asegurar que cumplían esa función.

Espero que a lo largo de la lectura hayáis podido comprobar que estamos aplicando políticas de gestión e implementación tecnológica similares a nuestros colegas estadounidenses. Si todos vamos por el mismo camino, mal no lo estaremos haciendo.

¿Es el juez-bot el objetivo final de la justicia predictiva?

Creo que es hora de cerrar el estudio sobre la justicia predictiva, comentando la posibilidad/realidad de los jueces-robot, que comenzó con el descubrimiento de la lingüística computacional y la evaluación de las plataformas de análisis jurisprudencial.

Que yo sepa, solo unos pocos países se han enfrentado al concepto «juez-bot» proporcionando dispares respuestas: Estados Unidos, China, Estonia, Argentina y Francia.

Antes de comentar lo que ha hecho cada país, es necesario hablar brevemente de un proyecto de software basado en inteligencia artificial (IA) para predecir los fallos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con una probabilidad de acierto del 79%. Esta investigación fue desarrollada por la University of Sheffield y la University of Pennsylvania en 2016, según se puede leer en la nota de prensa de la universidad británica.

Ese mismo año, Estados Unidos sorprendió cuando la Corte Suprema de Wisconsin aplicó el software Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS) de la empresa Northpointe (hoy Equivant) en el caso Loomis. Este algoritmo, que se usaba desde 1998, calcula la probabilidad de que alguien cometa otro delito y sugiere qué tipo de supervisión debería recibir un condenado en prisión. Sus resultados provienen de una encuesta que se le realiza al propio acusado, junto con información sobre su conducta en el último año.

En este caso, la Corte Suprema de Wisconsin publicó su opinión, afirmando que si se usa correctamente, teniendo en cuenta las limitaciones y advertencias del programa, COMPAS no viola el derecho del acusado a un juicio justo. El periódico The New York Times se hizo eco de este hecho en su crónica «In Wisconsin, a Backlash Against Using Data to Foretell Defendants’ Futures«.

Tras revisar la encuesta, sin ser un experto en sociología, se puede advertir que los resultados pueden ofrecer sesgos raciales y económicos. No obstante, como apunta la opinión, siendo conocedor de las limitaciones, se puede utilizar como servicio complementario.

La otra superpotencia, China, dio un paso más allá cuando en 2017 creó el Tribunal de Internet de Hangzhou. Un software que utiliza la tecnología blockchain para reducir la carga de papeles y crear registros más transparentes del proceso judicial para resolver disputas digitales por comercio electrónico y propiedad intelectual.

El asistente artificial del software, con apariencia de mujer, se denomina «Xiao Fa«. La idea original de 2004 fue diseñarla para que analizara cien delitos y estandarizase condenas, generando automáticamente borradores de sentencias. Ello derivó al programa actual, que actualmente se ha extendido a Pekín y en breve a Guangzhou.

Estonia está desarrollando un modelo similar al chino. The Technolawgist publicó en su artículo «Estonia se prepara para tener “jueces robot” basados en inteligencia artificial«, que el proyecto dirigido por Ott Velsberg (Government Chief Data Officer) se encontraba en primera fase en 2019 y se preveía una prueba piloto centrada en disputas contractuales a finales de dicho año.

Su funcionamiento consiste en la carga de los documentos e información relevantes por las dos partes en una plataforma, en donde la IA tomará una decisión, que podrá ser apelada posteriormente ante un juez.

Por otro lado, Argentina ha creado Prometea, un herramienta IA desarrollada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para ser un complemento en el desempeño de los fiscales por facilitar una recomendación al juez que dicta sentencia.

El sistema, tras analizar el expediente, indica una posible solución del mismo, basada en probabilidades por repetición de palabras clave de casos cerrados similares. Si el funcionario está de acuerdo con la misma, puede continuar con el proceso obteniendo un borrador del dictamen redactado por el sistema e imprimirlo para ser firmado. Si queréis indagar más en este programa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en 2020 el artículo: «Prometea: transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial«.

Francia se ha posicionado de una manera ambigua: por un lado, el artículo 33 de la Loi No 2019-222 du 23 mars 2019 e programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dice que los datos de identidad de los magistrados no pueden ser reutilizados con el propósito o el efecto de evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales reales o presuntas. Sin embargo, en su anexo se afirma que el Gobierno francés pretende crear un sistema de información para la toma de decisiones que evolucionará para proporcionar herramientas efectivas para el análisis y la gestión de la actividad a nivel nacional y local. 

Jorge Morell lo explica muy bien en su artículo «Francia prohíbe el uso de Legaltech para predecir las decisiones de los jueces» en el Blog de Innovación Legal del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

En España, se rumorea que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha planteado implementar jueces-bots o alguna herramienta complementaria (como Prometea, por la cual se interesaron), pero a día de hoy desconozco si se ha avanzado en el tema. Independientemente de cómo se defina el proyecto, creo esencial que sea desarrollado y gestionado por la Administración Pública porque la Justicia es una materia delicada y controvertida para que una empresa privada haga negocio.

¿Son útiles las plataformas de análisis jurisprudencial en España?

El primer post del año fue sobre lingüística computacional en el campo del Derecho, porque he estado dándole varias vueltas a la concepción de la «justicia predictiva«.

Varias empresas de servicios tecnológicos de información jurídica (Wolters Kluwer, Tirant lo Blanch, Vlex…) han apostado por el desarrollo del análisis jurisprudencial, sacando al mercado productos interesantes. Los bibliotecarios/documentalistas jurídicos encargados de las adquisiciones deben conocer el funcionamiento de este tipo de softwares. A primera vista, cuando comenzamos a investigar estas nuevas herramientas parecen que hacen magia. Sin embargo, es necesario tener una visión crítica para detectar los fallos.

Desde mi punto de vista, el mayor problema es el corpus (en este caso sentencias) en el que se fundamenta la base de los proyectos para aplicar los softwares de procesamiento de lenguaje natural. El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) no publica toda la jurisprudencia de los juzgados y audiencias provinciales, por lo que no se conoce una cantidad real aproximada de sentencias vinculadas a una materia o redactadas por un ponente para dar por válida las estadísticas que generan estas plataformas.

La solución de este inconveniente no depende de las empresas desarrolladoras, sino del propio CENDOJ, que debe dar un paso adelante en la gestión de la transparencia para facilitar toda la jurisprudencia. Sabemos que este órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha evolucionado mucho en estos últimos tres años, seguro que en un futuro no muy lejano nos da otra alegría. El acceso a toda la jurisprudencia permitiría a los profesionales un mejor desempeño de su actividad y haría indispensable este tipo de herramientas.

Otra de las cuestiones es saber qué ocurre con las sentencias que fallan «estimación parcial«. Por lo que sé, son eliminadas por viciar las estadísticas. Sin embargo, ello crea cierta inseguridad en el producto pues el usuario al realizar la búsqueda sí las encuentra incluidas, pero aplicando el filtro «estimación/desestimación» desaparecen. La resolución de la ambigüedad por «estimación parcial«, implica un mayor desarrollo del big data en estos softwares.

Por último, la escasa vinculación de sentencias que conforman la historia del caso. Normalmente, las plataformas permiten, una vez el usuario ha terminado de filtrar y está satisfecho con el resultado obtenido, revisar aquellas sentencias incluidas en la estadística. Sería de gran utilidad saber si son sentencias en firme o si han sido recurridas, y en ese caso, interconectarlas con el recurso.

He tenido la suerte de poder ver bases de datos jurisprudenciales anglosajonas que tienen implementada esta funcionalidad en todos los casos. Bien es cierto, que en esta ocasión, el balón está en el campo de la Administración de Justicia, aunque sabemos que sobrevive en una precaria situación, creo que es necesario reivindicar su puesta al día para mejorar la gestión de los casos.

Entonces, teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, ¿son útiles las plataformas de análisis jurisprudencial en España? Bueno, estas herramientas también son fuentes de información que pueden dar pistas a los profesionales durante un caso. Sin embargo, es necesario explicarles que la fiabilidad de las estadísticas que obtengan es cuestionable y, por tanto, no pueden confeccionar las argumentaciones basándose en ellas.

No obstante, la evolución de estos softwares en el futuro, sí será un hecho diferenciador para la resolución de los casos, e incluso podrían llegar a lo que se denomina «justicia predictiva«. En otro post, intentaré dar una visión global de cómo se desenvuelve este concepto actualmente.

La lingüística computacional en el campo del Derecho

¡Bienvenidos de nuevo! Espero que hayáis disfrutado de las mejores fiestas que las restricciones os hayan permitido celebrar y que hayáis podido comenzar el año nuevo con energía.

Empiezo 2021 con un tema que tenía pendiente abordar: la lingüística computacional. Aquellos que me seguís, sabéis que me interesa mucho. En posts anteriores he hablado brevemente de ello: IV Jornada de Bibliotecas Jurídicas y Google BERT. Desde mi punto de vista, esta disciplina es el germen de gran parte del legaltech, si no entendemos cómo se crean y desarrollan los programas basados en inteligencia artificial, en el futuro no podremos valorar correctamente su posible adquisición.

En esta ocasión, la suerte hizo que cayeran en mis manos los artículos «Lingüística computacional y tecnologías del lenguaje«*, escrito por Carmen Torrijos y «Law, artificial intelligence and natural language processing: a funny thing happened on the way to my search results«** del profesor Paul D. Callister, publicado en la revista de la American Association of Law Libraries (AALL).

El primer artículo me ha servido para actualizar mis conocimientos sobre la lingüística computacional y conocer de primera mano cuál es la situación actual de esta materia en nuestro país. Durante su lectura, la autora explica las fases básicas del procesamiento del lenguaje natural (PLN) de manera automática, pero supervisado (implicando directamente a lingüistas computacionales): la segmentación del texto en frases (split), la separación de palabras (tokenización), el etiquetado morfológico de palabras (part of speech), la representación de todas la formas flexionadas de una palabra (lematización), el análisis sintáctico y el enriquecimiento semántico.

También analiza las tecnologías PLN más avanzadas: los modelos de lenguaje no supervisados (aprendizaje automático sin aplicar las fases anteriores, salvo la tokenización) y la vectorización de palabras (embeddings), que consiste en la representación de palabras en números con la mayor cantidad de rasgos lingüísticos gramaticales y semánticos.

Además, nos ayuda a comprender que, en un proyecto de aprendizaje automático o machine learning, es esencial la selección de textos (corpus) y la metodología de anotación por pares, basada en la creación de corpus anotados que entrenen los modelos de aprendizaje supervisados, los cuales identificarán las discrepancias para la implementación de guías de criterios consensuados.

Por último, la autora enuncia las aplicaciones del PLN más demandadas actualmente por empresas e instituciones: la traducción automática, el análisis del sentimiento, la clasificación en categorías, la detección de entidades y la medición de la comunicación clara. Este capítulo ha sido revelador porque permite su fácil extrapolación al ámbito de la documentación jurídica, por ello daré mi opinión de la situación actual del sector en un post posterior.

En el segundo artículo, además de explicar la vectorización de palabras, el profesor Callister compara los softwares de potentes plataformas jurídicas estadounidenses (Westlaw, Lexis Advance, Fastcase, Google Scholar, Ravel y Casetext) para comprobar sus funcionalidades partiendo de una misma consulta para mostrar la disparidad de resultados que se obtienen.

Sinceramente, sin haber leído y entendido el primer artículo de Carmen Torrijos, me hubiera sido difícil comprender el segundo. En mi opinión, puede que los resultados obtenidos por el estudio comparativo son distintos porque puede que cada plataforma utilice corpus anotados distintos. Ello me lleva a plantearme la pregunta ¿existirá en un futuro la herramienta jurídica perfecta desarrollada por inteligencia artificial? Actualmente no tengo respuesta.

* Torrijos Caruda, C. (2020). Lingüística computacional y tecnologías del lenguaje. Revista de Privacidad y Derecho Digital, 5 (19), 23-62. https://www.rdu.es/catalogo/detalle/No-19-Julio-Septiembre-RPDD-REV-DIG-19/ANO-V-48

**Callister, Paul D. (2020). Law, artificial intelligence and natural language processing: a funny thing happened on the way to my search results. Law Library Journal, 112 (2), 161-212. https://www.aallnet.org/llj_article/law-artificial-intelligence-and-natural-%E2%80%A8language-processing-a-funny-thing-happened-on-the-way-to-my-search-results/